Colegio de Abogados de Salta demanda a falsos abogados

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Las aseguradoras comenzaron a denunciar a letrados por hostigar trabajadores y montar juicios fraudulentos. La crisis de costos en el mercado y cómo funciona el sistema de infiltrados y venta negra de datos de accidentes.
Desde el Colegio de Abogados de Salta informaron que se sancionaron a 6 letrados titulares de estudios jurídicos donde en una suerte de asociación ilícita trabajan con personas inescrupulosas que usurpan el título de abogado. Falsos estudiosos del derecho legal que cuentan con "estudios jurídicos" y utilizan nombres de abogados matriculados en este colegio están siendo demandados por las ART con el contundente apoyo del Colegio de Abogados de Salta.
Juan González Gaviola, a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que controla a las ART, conoce el problema de frente: el año pasado, su organismo tuvo que frenar a un grupo de aseguradoras que intentaban cobrar a un grupo de empresas de la industria de la carne alícuotas que llegaban al 40 por ciento de la masa salarial. El funcionario asegura a Infobae: "Los accidentes bajaron considerablemente, pero la industria del juicio está en alza. Hoy, entre un 30 y un 50 del costo de alícuota que se cobra a las empresas se debe a la litigiosidad. Y el costo se refleja en el producto final que llega al consumidor. Las cifras que se manejan son muy grandes y hay un incentivo para que personas inescrupulosas traten o de inventar enfermedades o de utilizar las vulnerabilidades del sistema pericial para conseguir más dinero."
El nombre de “carancho” se le da a un abogado que vive de estafar a las víctimas de accidentes de tránsito. Ese nombre se ha hecho famoso por la película de Trapero donde, con ese escenario de fondo, se cruza una historia de amor, que recorre los hospitales públicos buscando clientes de accidentes de tránsito.
Esta práctica, sobre todo en el marco de los accidentes de tránsito, no es nueva, sino que se realiza desde hace muchos años por los abogados llamados popularmente “caranchos”, quienes estafan a víctimas de accidentes viales con la complicidad de médicos, enfermeros y camilleros.

En tal sentido, es importante dar a conocer a la ciudadanía cuales son los derechos con los que se cuenta a la hora de elegir quien lo asesore y represente en un eventual proceso legal.

COMO FUNCIONA EL NEGOCIO DE LOS JUICIOS POR ACCIDENTES VIALES
Los caranchos, también conocidos como “bolseros”, “cuervos”, “mayoristas”, “aves negras”, “punteros”, o “rompehuesos”, estafan a las víctimas y empresas aseguradoras, captando los juicios de manera ilegítima y logrando cobrar grandes sumas de dinero de las que los damnificados no reciben prácticamente nada. Según se ha probado en distintos casos, los letrados que realizan estas maniobras ilegales no trabajan en forma individual, sino que integran bandas de las que participan personas que trabajan en hospitales, comisarías, bomberos, que son quienes la mayoría de las veces proporcionan el “dato” sobre el accidente. De este modo, una vez que se ha “identificado” una víctima de accidente de tránsito, los caranchos se acercan para ofrecer sus servicios o los mismos cómplices “tarjetean” o recomiendan al accidentado un abogado para que lo asista.

LA TRAMPA
Cuando la persona accede a firmar un poder de representación legal (letrado apoderado), los abogados van a las aseguradoras y negocian o van a juicio; pero como siempre sucede es que una vez que cobran, les dan un exiguo porcentaje a las víctimas, ya que en dicho poder se los faculta para percibir la indemnización.
Esto que suena como argumento de una película mafiosa, es algo que sucede en muchos hospitales e instituciones de salud del país y existen variadas y numerosas denuncias sobre las prácticas violentas, extorsivas e ilegales que se aplican para obtener finalmente los casos.
Hay antecedentes en los cuales se ha denunciado que una persona designó a un abogado para que lleve adelante su caso y cuando los caranchos de la zona se enteraron, no sólo intentaron convencer a la víctima para que cambie de representante, sino que amenazaron y hasta golpearon al profesional que había tomado la causa legítimamente.

UN CIRCUITO DELICTIVO EN AUMENTO
Además de ser una práctica moral y éticamente condenable, como lo es aprovecharse de la debilidad y el estado de indefensión de quienes han sufrido un accidente, es ante todo un flagelo que va en aumento.
Los métodos de intimidación y boicot abarcan desde empleados de hospitales que se niegan o retrasan la entrega por ejemplo de una historia clínica, hasta punteros que persiguen a los letrados o a los clientes ofreciéndoles a “comprarles” el caso o amenazándolos para que lo dejen directamente.
Los clientes son contactados generalmente en hospitales, cementerios, en las comisarías; habiendo todo un circuito instalado, donde trabajan los “punteros” de los estudios jurídicos.

Los distintos Colegios de Abogados han instado múltiples denuncias penales para culminar con esta práctica y aplicando las sanciones disciplinarias pertinentes, entre otras medidas afines.
Por lo pronto la respuesta judicial de las ART ya está en Tribunales. El estudio Iezzi-Varone, encabezado por los abogados Gabriel Iezzi y Víctor Varone y especializado en derecho penal de empresas, inició dos denuncias en fiscalías porteñas en las últimas semanas contra media docena de estudios jurídicos por hostigamiento a pacientes. También, presentó denuncias contra estos estudios en la Comisión de Vigilancia del Colegio de Abogados porteño. El sistema entero que alimenta de información y nuevos casos a los "caranchos" -conformado por infiltrados en sectores clave y que la SRT y clínicas como la Fitz Roy pudieron identificar- es lo que está en la mira. El abogado Varone apunta: "Los 'caranchos' tienen punteros que salen a buscar casos. Así, arman fraudes al seguro. Al salir de la clínica prestadora, el puntero los aborda. Duplicaron la industria del juicio que existe hace años en la parte de automóviles y la replicaron para las ART. Esto perjudica a todo el mercado." Las ART que decidieron litigar, por otra parte, endurecieron su postura y decidieron no aceptar desestimientos de los estudios a los que denuncian.

Iván Schusterhoff, director administrativo de la clínica Fitz Roy, agrega: "Los abogados hasta le pagan a pacientes para que sea un promotor interno, para que les lleve gente." Schusterhoff detectó hasta pacientes reclutadores en la propia Fitz Roy que vendían casos a "caranchos" a cuatro mil pesos el dato. En la SRT, González Gaviola admite que la cuestión entró a su propio organismo. Los expertos encargados de determinar y fiscalizar el daño de cada accidente estuvieron en la mira: "Hemos tenido desde despidos a causas penales cuando vemos que tenemos desvíos de profesionales relacionadas a la determinación de daños", asegura. La tabla baremo, establecida por decreto para determinar matemáticamente las incapacidades por lesiones, genera polémica: a nivel judicial, no hay un uso estandarizado. "En la práctica tenemos 600 juzgados laborales en los cuales se aplican criterios totalmente diferentes entre sí. Hay un control muy liviano, si es que lo hay, con respecto a la calidad de las pericias médicas", asevera González Gaviola.

Las demandas en masa no son el único problema; el fraude contra las aseguradoras suma gravedad al asunto. "Va desde inventar enfermedades que no existen a producirlas, como romper los dedos y cortar tendones. En Santa Fe investigamos una asociación que se dedicaba a cortarle los tendones a la gente para cobrar indemnizaciones. El caso de los "rompehuesos", que se quiebran dedos supuestamente cayéndose de escaleras cosechando limones en Tucumán. Este es el nivel mayor de degradación: aprovechan la vulnerabilidad de un trabajador para que se lesione a sí mismo", dice González Gaviola. En su clínica, los Schusterhoff elaboraron un protocolo para asesorar a nuevos pacientes en cuanto a acciones jurídicas, con una oficina de la SRT presente en la clínica.

Los "bolseros", acumuladores de casos, son otra arista preocupante: "Les dicen a las ART: "Tengo juicios por X cantidad de plata. Si me das X cantidad de plata los arreglamos." Y los arreglan independientemente de la calidad y la existencia de las lesiones, porque le tienen miedo al juicio. Tienen miedo de perderlo, o de ganarlo. Si lo ganan, tienen que pagar. Una de las partes no confía en el sistema judicial y termina haciendo arreglos que nosotros cuestionamos severamente", asegura Gonzalez Gaviola.