Reforma de salud pone en riesgo trabajo para hospitales de la sultana del oeste.

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Unos 300 empleos de trabajadoras y trabajadores de la salud se encuentran amenazados de aprobarse el proyecto del Senado 2627, opinó hoy el presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico (CICAP), Eduardo Ibarra.

El doctor Ibarra y la presidenta de la Junta de Directores del Colegio de Profesionales de Trabajo De la Salud de Puerto Rico, Gloria Rivera Centeno, plantearon que cualquier revisión a la ley, como impulsar la Junta Examinadora, debe realizarse después de un proceso de interconsulta de las partes involucradas y un análisis sobre los aspectos que intervienen en el ejercicio de la profesión.

El proyecto del Senado 2627, sometido por petición de la Junta Examinadora de Puerto Rico, “añadiría de súbito injustas cargas económicas a esos profesionales”.

“Miles de ellos podrían perder sus empleos al imponérseles sin más consideración nuevos requisitos para mantener sus licencias, se afectaría adversamente el futuro de miles de sacrificados estudiantes de Enfermería y el de sus familias al imponer nuevas acreditaciones a las instituciones en que ellos cursan sus estudios”, estableció el doctor Ibarra.

Alegó que la medida afectaría además a todo Puerto Rico al disminuir dramáticamente y de imprevisto la cantidad de estos profesionales debido al cúmulo de nuevos requisitos que les impondrían.

“Se les pondrían impedimentos para mantener sus trabajos incluso a aquellos que actualmente ejercen con bachillerato y son cualificados como peritos a base de las Reglas de Evidencia” apuntó Ibarra en su calidad de presidente del CICAP, que agrupa a 32 colegios y asociaciones profesionales cuya matrícula acumula a más de 200,000 miembros y socios.

Planteó que “en los difíciles momentos en que se encuentra la economía de Puerto Rico, es totalmente inaceptable que se ponga en riesgo el bienestar de siete mil de nuestras familias al imponer repentinamente, sin más consideración y en forma unilateral nuevas regulaciones sin contar con la participación democrática, educada y sensata de las partes afectadas”.

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