En Costa Rica hay dinero para pensiones de lujo, pero no para pagar policias que dediquen tiempo al problema de la inmigracion ilegal.

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En mayo del año anterior, la Sala Constitucional emitió el Voto,con el que analizó el problema de los vendedores ambulantes.
En él aseguró que esto se debía a cuestiones profundas de la realidad social, como la falta de acceso a la educación y al empleo, inequidades en la distribución de la riqueza y debilitamiento del Estado Social de Derecho, entre otros aspectos.
Asimismo, dejó claro que el desalojo de vendedores ambulantes resulta útil como solución transitoria.
De esta forma, ordenó un enfoque multidisciplinario y un trabajo coordinado entre los accionados, la Municipalidad de San José, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Trabajo.

“No se puede hacer más”

“No podemos hacer más, porque solo mantener esa Policía, nos cuesta alrededor de 2 mil o 3 mil millones de colones al año y no tenemos capacidad para tener más oficiales.
Recuerde que la Policía Municipal no tiene ingresos propios, y se paga con recursos de la Municipalidad, ese es un proyecto que tiene su costo. No tenemos capacidad para tener más policías para hacer un control efectivo”, argumentó el Gerente de Servicios del ayuntamiento josefino.

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