CÓDIGO PENAL REHABILITADOR Y NO REVANCHISTA

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Los actuales códigos penales de prácticamente todo el mundo tienen un objetivo revanchista y castigador pero poca eficacia para rehabilitar a los delincuentes.
En una sociedad anarquista donde se hubiera abolido la propiedad privada y donde no se fomentase el consumismo ni el ilimitado poderío del caballero don dinero, no existirían delincuentes económicos, no existirían ladrones.
Pero en el sistema capitalista que domina todo el orbe (incluidos los países donde los gobiernos son o se hacen llamar socialistas) es tradicional que numerosos “representantes públicos” no solo defiendan las propiedades privadas sino que desprecien todo lo público y se enriquezcan robando fondos de las arcas públicas.
Hace ya siglos que se puso de moda el eslogan “Detrás de los leones se esconden los ladrones” referido a los leones del Congreso de Diputados. En las últimas décadas numerosos “representantes públicos” han estado robando fondos de las arcas públicas, a través de las llamadas “tramas” (gurtel, púnica, tarjetas black…) Y algunos cabezas de turco ya han sido condenados y han cumplido y/o están cumpliendo condena en nuestras prisiones.
Sin embargo ninguna jueza ni juez ha dictado una condena que obligase contundentemente a estos delincuentes a devolver todo lo que sustrayeron o malversaron. De tal forma que encontramos a personajes que han robado decenas de millones de euros, los han ingresado en cuentas corrientes en paraísos fiscales y que actualmente están cumpliendo condena, pero que dentro de 10 o 15 años pueden salir de la cárcel y disfrutar de por vida de todo lo robado. No habrá habido ningún tipo de rehabilitación, no se le habrá obligado a devolver lo robado. Habrá pasado unos años encarcelado como mero castigo, mero revanchismo, pero no sin ningún objetivo democrático. Uno persona pasa en la cárcel 20 años porque sí, sin ninguna razón que justifique ni el encierro, ni el gasto que supone este encierro en cuanto a manutención, alojamiento y vigilancia. Gasto que una vez más sale de las arcas públicas y considero que es otra forma de malversación.
En un código penal rehabilitador el ladrón sería obligado a devolver lo robado, y no pasaría ni un día inútil en la cárcel. Una sentencia justa no debe en ningún momento poner límite temporal. Un ladrón estaría encerrado hasta el momento en que haya saldado su deuda. La deuda por supuesto va aumentando porque se le obligaría a pagar su manutención, su alojamiento y su vigilancia. En un estado democrático la ciudadanía no tiene ninguna obligación de pagar estos gastos a un delincuente multimillonario.
Hay muchos de estos ladrones que se declaran insolventes porque han inscrito sus bienes a nombre de otras personas. O porque tienen el dinero en paraísos fiscales. Toda vez que en un juicio justo se demuestre que esos bienes se han financiado con fondos públicos, es labor del delincuente revertir esos abusos, volver a poner los bienes a su nombre, sacar el dinero de los paraísos y devolverlos al erario público. Le damos todo el tiempo que necesite siempre con la condición que se pague él mismo su alojamiento, manutención y vigilancia en una cárcel pública.
De este modo tanto la sentencia como el tiempo de prisión habrán sido rehabilitadores y no castigadores ni revanchistas.
Para otro tipo de delitos como el asesinato, maltrato, abuso de menores, violación, una sentencia rehabilitadora debe centrarse en un tratamiento psiquiátrico o psicopedagógico, un especialista deberá evaluar cada cierto tiempo si el delincuente está o no rehabilitado, cuando se le considera apto para reintegrarse en la sociedad se ha hará un seguimiento exhaustivo durante un tiempo prudencial. Todo esto, de nuevo, a cargo del propio delincuente, claro está. Sabemos que a pesar de todo el delincuente puede reincidir cuando todos los especialistas ya le consideran absolutamente rehabilitado. Pero debemos confiar en la ciencia y sus progresos.
Por último debo mencionar los presos políticos. En un estado democrático nadie debe ser privado de libertad por participar en una manifestación o huelga, por mucho que esta manifestación o huelga haya derivado en enfrentamiento con las autoridades. Siempre teniendo en cuenta que las huelgas y manifestaciones solo deberían permitirse para defender valores y derechos humanos como el derecho a un trabajo digno, o el derecho a una vivienda digna, o el derecho a una educación de calidad. En un estado democrático no debería tolerarse manifestaciones que hicieran apología fascista (en en Estado español algunos políticos han participado de homenajes a la nazi División Azul o a golpistas franquistas), ni apología contra los derechos reproductivos de las mujeres, o contra los derechos del colectivo LGTB, o contra los derechos de asilo, refugio e inmigración.
En el Estado español tenemos un código penal heredado y continuista del franquismo. Un código que, por ejemplo, antepone los privilegios de la burguesía, el empresariado y los terratenientes frente al derecho a la huelga o el derecho al trabajo digno. Tenemos un sistema judicial que inhabilitó a un juez con profesionalidad y honorabilidad sobradamente acreditada por querer juzgar los crímenes del franquismo. Una fiscalía que, a pesar de ser pública, no persigue de oficio los delitos si no hay un querellante que les pague de forma privada.
Hay mucho que cambiar para que el Estado español llegue algún día a ser un estado democrático.

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