Aprobado el nuevo plan de reestructuración territorial de La Caixa

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Un total de 2.592 empleados abandonarán la entidad. El proceso de ajuste permitirá un ahorro de hasta 200 millones anuales para el banco.

El nuevo acuerdo suscrito viene a consolidar un proyecto de reajuste a medida, con el fin de reestructurar el nuevo organigrama territorial de la entidad.

Su principal motivo ha sido las recientes compras de otras entidades, conllevando esto a que en muchas poblaciones se duplicase o triplicase su número de oficinas físicas.

El proceso, que afecta al 20 de la plantilla, tendrá un coste para el banco que ascenderá a 375 millones de euros, pero servirá también para generar un ahorro de costes que oscilará entre los 175 y los 200 millones anuales. Según la entidad, empezarán a ser visibles a partir del primer trimestre de 2017.


Bajas indemnizadas

La entidad ofrece un plan de bajas indemnizadas con unas condiciones que han mejorado al cierre de las negociaciones. A los trabajadores que tengan entre 50 y 54 años que se vayan voluntariamente, la entidad les ofrece una indemnización de 35 días de salario por año de servicio, con un límite de 110.000 euros.

Para los trabajadores de entre 45 y 49 años, la indemnización es de 35 días de salario por año, con un límite de 28 mensualidades.

Finalmente, para el colectivo de empleados menos de 45 años, la indemnización es de 35 días de salario por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades.

Todas las bajas voluntarias incentivadas tienen derecho a una prima lineal de 1000 euros por año trabajado. Además, cobrarán una indemnización "por prima de enganche" o voluntariedad que oscilará entre 3.500 y 25.000 euros, en función de la antigüedad. La más baja corresponderá a aquellos que como mucho lleven cinco años en el banco.

Excedencias

El acuerdo, contempla la posibilidad de realizar excedencias de tres años, ampliables a uno más, con garantía de retorno para un máximo de 75 empleados menores de 50 años y con más 10 años de antigüedad. Estarán remuneradas con 15.000 euros anules.

Por último, se establecen unas medidas de movilidad geográfica para corregir los desequilibrios de plantilla territoriales que se puedan producir y llevarán aparejadas compensaciones económicas en función de las distancias. La máxima permitida respecto al lugar de trabajo actual será de 350 kilómetros. Los traslados solo podrán afectar a 200 empleados.

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