¡EL ESCÁNDALO QUE QUIEREN CALLAR! Alcalde Alejandro Char podría estar involucrado en los sobornos de la Triple A

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En la lista de implicados están varios ex alcaldes, ex gerentes, senadores, concejales y el alcalde actual de Barranquilla. Además de varios empresarios vinculados a la Cámara de Comercio y al Comité integremial de la época en la que se dieron los hechos.

El portal español El Confidencial que ha seguido periodísticamente el escándalo de corrupción de la Empresa Canal Isabel II controlada por la Comunidad de Madrid y por el partido popular publicó este informe en el que compromete a la Triple A en este relata la visita a la Costa Caribe de los dos directivos de Inassa que están detenidos en la que se habrían reunido con el recién elegido alcalde de Barranquilla Alex Char para definir la participación española en la Triple A. Los señalamientos al alcalde son complicados. Este es el texto:

“Fueron a pagar, no a cobrar”. La frase, lapidaria, la repite un extrabajador de Inassa, la filial del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico. Se trata de una fuente solvente que durante años estuvo en uno de los departamentos más sensibles de esta sociedad con sede en Barranquilla (Colombia), que ha decidido explicar a El Confidencial algunos de los pormenores del famoso viaje que Ignacio González y tres de sus colaboradores hicieron a Colombia en el verano de 2008, un viaje que ahora vuelve a cobrar sentido. “Fueron a pagar comisiones, no a recibirlas. Lo de las bolsas eran regalos”, señala.

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La investigación, que ya produjo la captura de 14 empresarios y políticos ibéricos, apunta a que la compañía Canal Isabel II habría pagado en el país.

Los empresarios españoles Ignacio González, Idelfonso de Miguel y José María Serra Peris, altos ejecutivos de canal Isabel II, una compañía pública de aguas de Madrid, fueron grabados en agosto de 2008 por un detective privado mientras recorrían una calle del sector amurallado de Cartagena y llevan unas bolsas de plástico que, según versiones de la época, contenían dinero.

La acusación de fondo tiene que ver con un supuesto cobro de coimas relacionadas con la operación de las Empresas Públicas Triple A de Barranquilla, donde canal tiene una participación mayoritaria a través de la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa).

El video hace parte de las evidencias con las que el juez español Eloy Velasco ordenó la detención preventiva de 14 políticos y empresarios ibéricos ligados a un escándalo por malversación de recursos públicos y lavado de dineros.

Una de las coordenadas del escándalo pasa por Colombia. Según una versión publicada por el diario digital madrileño "El confidencial", los empresarios que paseaban por Cartagena en el 2008, venían para lubricar con dinero una operación que impediría que Inassa perdiera el control de la Triple A a mano de los primos Nule, los mismos del carrusel de Bogotá.

Los visitantes, según esa versión, fueron traídos al país en ese año por Edmundo Rodríguez sobrino, gerente de Inassa en Colombia, quien les arregló primero una reunión con el entonces presidente Álvaro Uribe y luego con el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con quien habrían acordado los términos de la operación.

Char, según testimonio de un extrabajador de Inassa, que no es identificado en la versión periodística, tenía toda la capacidad de decisión en medio de un ambiente de crisis, en el que se reducían los márgenes de rentabilidad de la Triple A. De un lado, presidía la junta directiva de la empresa, y de otro, tenía una relación cercana con los Nule a través de su esposa, pariente de ellos.

Buscamos a Char, hoy de nuevo alcalde de Barranquilla, para conocer su opinión, pero respondió por intermedio del asesor jurídico.

"El mismo lo asevera y también los directivos de la Triple A, nunca se reunió con el señor Ignacio González, no lo conoce, nunca estuvo con él”, afirmó Jorge Padilla, asesor jurídico de la alcaldía de Barranquilla:

La investigación bautizada en España como Blas de Leso, como recordatorio del almirante que encabezó la resistencia al ataque de Cartagena por los ingleses en el siglo XVIII, podría ahondarse en su capítulo colombiano porque el juez indaga también sobre la compra y operación de empresas de servicios públicos y contratos para recaudos tributarios en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

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Políticos dicen que caso de Canal Isabel segunda, es igual a Odebrecht

Dirigente políticos colombianos pidieron a los organismos de control, adelantar una rápida y estricta investigación para descubrir y castigar a los socios corruptos que tuvo la empresa española Canal Isabel Segunda, que habría sobornado a funcionarios públicos para obtener el manejo de entidades de servicios públicos en la costa norte.

“Este escándalo es el Odebrecht de España”, aseguró el director de Alianza Verde, Antonio Sanguino, para quien el caso ya era un secreto a voces en la Costa Atlántica, donde por lo menos 20 municipios, con sus autoridades y políticos, podrían haber resultado comprometidos en el escándalo.

Sanguino saludó la decisión del Procurador General, Fernando Carrillo, de abrir un acuerdo con la justicia española para conocer los resultados de sus investigaciones por este caso.
Gustavo Petro, director del movimiento Progresistas, explicó que el caso es el resultado de una cadena de financiación política y enriquecimiento personal de personas de España y Colombia.

“parte de los recursos de tarifas pagados por los usuarios del Caribe colombiano, fueron a enriquecer particularmente a una serie de españoles que están siendo detenidos; ya van 58. Y otra parte a financiar el partido popular de España”, comentó Petro.

El ex alcalde hizo un llamado a la justicia para que realice una investigación penal urgente y precisa sobre los socios y los contratistas de la empresa española en municipios como Barranquilla, Santa Marta y La Guajira.

El candidato presidencial del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, manifestó que “se trata de una corrupción de magnitud, que enlaza a colombianos y españoles” y estimó que en la medida en que avancen las investigaciones van a salir a flote nombres de corruptos en Colombia como en España.

Intentaron destruir documentos

Mientras este intercambio de información se hacía se reveló también que el ex presidente de Canal de Isabel II, la persona que estuvo en el momento que compró Inassa, Adrian Martín López, varias veces intentó destruir las pruebas, unos 16 informes elaborados por Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa y ex presidente de la Junta Directiva de la Triple A. En esos documentos Rodríguez Sobrino detalla toda la operación y cómo “iba Inassa en Latinoamérica.”

En el 2015 cuando empezaba a descubrirse todo el caso de corrupción del caso Leso, Martín López le ordenó a una funcionaria destruir los informes pero ella no lo hizo, guardó una copia digital de los mismos que ahora entregó a los investigadores del caso.

El mes pasado al día siguiente de que lo arrestaran y luego de que tuvo que pagar 100 mil Euros para que lo dejaran en libertad, Adrián Martín López llamó a Canal de Isabel II a pedir información sobre esos informes que habían producido dentro de la empresa que lo involucraban con el caso Leso y que estaban tratando de implicarlo injustamente.”

La llamada la hizo desde el teléfono celular de su esposa pensando que no estaba interceptado y casi que llorando, Adrián Martín López le pidió a su interlocutor destruir pruebas que probarían el vínculo entre los dirigentes de Canal de Isabel II y el desfalco a las finanzas porque compraron por 83 millones de Euros una empresa que costaba apenas 8.

Al hablar de desfalco los fiscales se refieren a los implicados primero compraron la firma Extensia para que a su vez esa esa empresa compra a la firma barrranquillera Inassa. “10 veces más de lo que habían pagado los vendedores un año antes”.

Los fiscales investigadores afirman que “Canal Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin necesidad de la interposición instrumental del Canal Extensia y mucho menos con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal“, afirman en referencia a la Sociedad de Aguas de América SA, la mercantil panameña a través de la que se articularon los pagos y que “se disolvió inmediatamente después de la operación”. “Esta forma de proceder sólo tiene justificación como instrumento societario que se crea presuntamente con un fin defraudatorio”.