COMUNIDAD SORDA OLVIDADA
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El 21 de junio de 2017, Don Carmelo; un hombre de 71 años, residente de Cidra y perteneciente a la comunidad sorda fue encarcelado ilegalmente. A este lo arrestaron sin comprender el proceso judicial que se le adjudicaba en su contra; ya que no había ningún intérprete que le pudiese leer sus derechos constitucionales. Actualmente en la isla hay un estimado de 1,500 personas con problemas auditivos (sordos parciales) y 340,000 sufren de pérdida total de audición (sordos). Estos son los resultados del último Censo realizado en el 2010 en Puerto Rico para esta comunidad. No obstante, actualmente existe la ley 136 de 1996 la cual establece que es obligatorio que en las agencias del Gobierno se tenga al menos 1 interprete para asistir a personas con problemas auditivos; ley que actualmente no se le está dando énfasis, quiérase decir, hay un incumplimiento de la misma.
Según David H. Rawlins (Presidente de la Sign Lenguage en Puerto Rico) dicto en un comunicado que para el 2002 solo habían registrados alrededor de 220 intérpretes certificados. ¿Cómo es esto posible?
El 23 de junio de 2017, tres días luego del incidente ocurrido con Don Carmelo, con el voto unánime y la coautoría de todos los miembros del Cuerpo, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 445, originado por el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, que ordena al Departamento de Educación que incluya un curso de lenguaje de señas en el currículo de clases. Este se incluye la enseñanza a todas las instituciones de nivel elemental, públicas y privadas. Este proyecto surgió luego de un dialogo con la comunidad sorda y del convencimiento de garantizar la dignidad de esta comunidad. Este proyecto también les permitirá a los padres y madres de niños sordos que reciban educación gratuita de lenguaje de señas. Este proyecto no tan solo fue aprobado por el Senado, sino también por la Cámara de Representantes. Sin embargo, todavía este proyecto no ha sido firmado por el Gobernador.
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