Investigan si las amenazas de bombas en escuelas parten de un Call Center
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Solo durante agosto hubo 150 llamados telefónicos al 911 para denunciar artefactos explosivos en escuelas de la provincia de Santa Fe. La mayor cantidad de esos casos se produjeron en Rosario y en la ciudad capital. Ahora, más allá de la detención de algunos de los padres de alumnos que fueron detectados como autores de las amenazas, en las últimas horas surgió la posible comisión de un delito mayor.
Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dejaron entrever que tienen asidero los rumores respecto de que las amenazas de bombas en escuelas, principalmente en la ciudad de Rosario, se realizaron desde números telefónicos cuya característica es 011. Es decir, que la central telefónica de emergencias que tiene la provincia recibió ese tipo de llamados desde líneas de la ciudad de Buenos Aires.
Algunos audios de las amenazas de bomba fueron puestos al aire en el programa radial Procopio 830, que se emite por La Ocho. En ellos, se oye a presuntos jóvenes que impostan su voz al hacer las denuncias y a otros se los nota nerviosos, con la voz temblorosa. Aunque la operadora pregunta siempre desde qué número de teléfono hablan, obviamente, nunca obtiene respuesta.
Ese tipo de maniobras no solo perjudicó el normal desenvolvimiento de actividades escolares en más de 100 establecimientos, sino también motiva la utilización negligente de los servicios de emergencia. Según dejaron entrever desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, mover el sistema (operadores del 911, móviles y herramientas para detectar explosivos) tuvo un costo millonario durante agosto.
Asimismo, la detención de padres de alumnos que presuntamente estuvieron involucrados en las amenazas calmó el número de llamados recibidos en septiembre. Pero el dato que más sorprendió a los investigadores es que hay comunicaciones, en una cantidad importante, que surgieron desde líneas 011. La posibilidad de que haya un call center porteño detrás de estas maniobras es una posibilidad cierta.
Por el momento ninguna autoridad del Ministerio Público de la Acusación quiso dar detalles de la investigación. En tal sentido, ya no se trata de una broma juvenil o la necesidad de suspender clases para evitar exámenes, sino la utilización de un recurso orquestado y planificado para generar alarma en las escuelas y en la sociedad toda. Mientras tanto, técnicos de la PDI realizan escaneos telefónicos.
"La posibilidad de que se busque generar un malestar político contra las autoridades provinciales es un hecho concreto. La semana pasada hicieron algo similar con la ministra de Educación (de Santa Fe, Claudia Balagué), de quien dijeron maliciosamente que pidió tomar asistencia a Santiago Maldonado. Eso salió desde distintas cuentas truchas de Twitter, de manera coordinada y premeditada", indicó una fuente del MPA.
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